El día 30 de junio fue un día muy importante para el sector de la energía en España porque 7 centrales térmicas de carbón se apagaron para siempre. Los propietarios de estas centrales de carbón importantes, localizadas en Andalucía (1), Aragón (1), Asturias (1), Castilla y León (3) y Galicia (1), cesan la actividad de generación de electricidad, aunque solo una (Compostilla II), tiene autorización formal del Gobierno para hacerlo.
C.C.A.A. | Central Térmica | Potencia Instalada (MW) | Propiedad |
Castilla y León | Compostilla II | 1.341 | Enel |
Aragón | Andorra | 1.101 | Enel |
Castilla y León | Velilla | 498 | Iberdrola |
Asturias | Narcea | 586 | Naturgy |
Castilla y León | La Robla | 655 | Naturgy |
Galicia | Meirama | 563 | Naturgy |
Andalucía | Puente Nuevo | 324 | Viesgo |
Las siete centrales suman en total 5.068 MW, un 54% de potencia eléctrica instalada en la Península, que dejaron de suministrarse para formar parte del primer apagón térmico en el sistema eléctrico español. Está previsto que para 2021 cierren otras 3 centrales más quedando así abiertas menos de la mitad de las centrales térmicas del país.
El apagón térmico se produce porque los propietarios de las centrales de carbón no ejecutaron las inversiones imprescindibles para cumplir con las exigencias medioambientales de la Unión Europea para bajar el nivel de emisiones de CO2. Cabe recordar que las centrales térmicas de carbón son las instalaciones que emiten más CO2 por MW del país y que de esta advertencia han pasado ya 10 años.
El efecto negativo que tiene el cierre es que muchos trabajadores quedarán desempleados. Las centrales no pueden iniciar su pausa de actividad sin una autorización proporcionada por el Gobierno, un proceso que requiere de mano de obra, sin embargo, generará empleo durante al menos 2 años para los trabajadores de la central. Igualmente, una organización importante como la CNMC ya dio su opinión al respecto del cierre de las centrales térmicas con una rotunda aprobación.
Cuando las centrales obtengan las autorizaciones del Gobierno, se iniciará el proceso de desmantelamiento, y después se podrán poner en marcha los planes de transición para las zonas donde se cierran las mismas.